El CRE de París y otros 27 Consejos de Residentes españoles respaldan al CGCEE en defensa del voto exterior
Los CRE reclaman igualdad de trato para los españoles residentes en el extranjero y alertan de que las medidas cautelares pueden generar discriminación en el ejercicio del sufragio.
Veintiocho Consejos de Residentes Españoles (CRE) han expresado su apoyo «pleno y sin matices» al escrito presentado por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ante la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 24 de septiembre, en el que se defiende la igualdad de derechos electorales de los españoles residentes fuera del país.
Los consejos firmantes respaldan las consideraciones trasladadas por el CGCEE, especialmente la necesidad de garantizar que los ciudadanos españoles en el exterior puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, con independencia de su lugar de residencia y de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
En el comunicado, los CRE advierten de que las medidas cautelares pueden generar diferencias de trato entre ciudadanos con el mismo título de nacionalidad española por el hecho de residir dentro o fuera del territorio nacional. También reclaman que nadie quede privado de su derecho al sufragio por falta de información, ausencia de cauces administrativos o una aplicación desigual de las medidas acordadas.
El ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido a la Oficina del Censo Electoral los datos de más de 70.000 españoles que han obtenido la nacionalidad mediante la llamada ley de nietos y que están afectados por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho de voto a quienes no acreditaran su condición de descendientes de exiliados. El departamento ha instado a los consulados a acelerar la recopilación y el envío de la información restante para que pueda identificarse al mayor número posible de personas que podrían mantener su derecho al sufragio en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Estas 70.000 registros normativos corresponden a personas que obtuvieron la nacionalidad española entre 2025 y 2026, cuyos expedientes se tramitaron a través de la plataforma informática del Registro Civil, pero contrastan con los más de 163.000 españoles nacionalizados afectados por la suspensión cautelar del Supremo, según sostiene los datos que maneja la Abogacía del Estado.
